Estrés postraumático causado por sismos Bases teóricas 22 de los regímenes administrativos nacionales y regionales para este tipo de ayuda, lo cual impacta directamente en las dotaciones presupuestarias de la nación. La ética, en este sentido, adquiere un papel preponderante, tanto en la conducta de las y los profesionales involucrados como por parte de las aseguradoras financieras públicas y privadas que sostienen las circunstancias propias del desastre natural. Por ello, se requieren sistemas reguladores jurídicos y económicos de carácter gubernamental, para agilizar la entrega y buen uso de los recursos, de forma transparente y socialmente extendidas. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega y Bélgica dan cuenta de este tipo de acción gubernamental y no gubernamental, antes y después de eventos catastróficos de índole natural, fortaleciendo así, la creación de mecanismos de financiamiento de actividades de rehabilitación y recuperación de zonas afectadas a través de aseguradoras públicas. Por su parte, y de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (2020), América Latina y el Caribe constituyen la segunda región, después de Asia, más propensa a los desastres naturales, como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, sequías, incendios forestales e inundaciones, los cuales han afectado a 152 millones de personas en los últimos 20 años, dejando pérdidas económicas que rondan los 150 mil millones de dólares. El desarrollo económico y social de los países de esta región podrían comprometerse si no se adoptan las medidas necesarias para reducir los impactos de estos desastres. Por ello, es necesario fortalecer la capacidad de resistencia frente estos, a través de marcos jurídicos y acciones concretas que contribuyan a prevenir consecuencias negativas y mitigar los impactos ecnonómicos.
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