MARCO ÉTICO-JURÍDICO ANTE LAS SITUACIONES DE DESASTRES... 37 El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) funcionó por más de diez años con base en decretos presidenciales y de legislación secundaria de la Secretaría de Gobernación, debido a que el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en materia de protección civil y eran los congresos locales quienes hacían este trabajo. No fue sino hasta 1998 que se modificó el artículo 73º de la Constitución Política Mexicana para que el Congreso adquiriera la atribución de legislar sobre este ámbito. En el año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil que retomó los objetivos del Sinaproc para proteger a las personas de los desastres naturales. La década comprendida entre 1990 y el año 2000 ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas como la Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, y uno de los propósitos centrales es el uso creciente de la información disponible sobre riesgos. Los planes de esta organización contemplan que varias naciones colaboren para reducir pérdidas por desastres repentinos, como los terremotos e inundaciones, aprovechando diversas experiencias que han probado su eficacia y que pueden proponerse para adecuarse a otras condiciones (Macías, 1993). En esta misma década se crearon las legislaciones estatales que promulgaron las leyes relacionadas con la protección civil de cada uno de los estados de la República Mexicana, este hecho representó un momento histórico de trascendencia nacional en materia de atención a desastres naturales. En estas leyes estatales, se designa al municipio como el primer nivel de gobierno que debe encargarse de la prevención de riesgos y desastres y enfrentar las situaciones de emergencia; promover las prácticas de autoprotección, impulsar la educación en la prevención y en la protección civil a través de eventos en los que se proporcione información (simulacros y campañas masivas de información), llevar a cabo estudios y proyectos en torno a este tema e invertir en el monitoreo de los fenómenos peligrosos para establecer líneas de acción específicos (Toscana, Campos y Monroy, 2010).
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