Estrés postraumático causado por sismos Bases teóricas 42 identificar el peligro de exposición y vulnerabilidad de la población y zonas de riesgo con el fin de diseñar acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos, a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura y preparando a la población en una cultura de prevención de desastres naturales, antes, durante y después de este. El estudio de cómo son los procedimientos administrativos y jurídicos por parte de los gobiernos en otros países, tanto europeos como latinos, radicó en analizar gran parte de los países desarrollados, que se enfocan en responsabilizar al ciudadano de su participación económica ante este tipo de desastres naturales y, al mismo tiempo, coadyuvar en el mejoramiento de las medidas preventivas frente a estas catástrofes; sin embargo, no podemos decir lo mismo sobre lo encontrado en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, donde la carga totalitaria de la prevención y acción en casos de desastres, corresponde a los gobiernos de los estados. El gobierno mexicano tiene un gran reto ante esta transformación de la participación que la población debe tener frente a los desastres naturales. No es suficiente un cambio de legislación, se requiere de una sensibilización del ciudadano y el desarrollo de una cultura de la prevención ante situaciones de desastres naturales, donde las personas sean activas y propositivas en la construcción de sus proyectos de vida y en la protección de su vivienda para el bienestar familiar. La administración de la crisis surge en el manejo de la eventualidad del desastre, toca tanto al gobierno como a la ciudadanía la administración de los riesgos a través del tema de la protección civil, el cual implica hacer planes y programas preventivos, así como contar con organismos adecuados y legislaciones pertinentes para cumplir con las funciones preventivas ante estas catástrofes naturales.
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